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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuenta con el respaldo del Presidente Javier Milei, quien pretende relanzar su agenda reformista.
En un contexto de cuestionamientos internos y de escasos consensos con sus pares del Gabinete, el ministro asistió a la mesa política y planteó la importancia de avanzar con una reforma específica.
Fuentes oficiales señalaron: "Se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales. Las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país".
El Ejecutivo quiere evitar dar precisiones hasta que se termine de discutir puertas adentro y no se produzca otro enfrentamiento entre funcionarios acerca de la viabilidad política del proyecto, aunque podría presentar este mes.
De acuerdo con la información de algunas fuentes y lo expresado por el propio funcionario, se busca modificar de manera integral las reglas con las que operan empresas, inversores y los distintos actores financieros.
El proyecto contempla un capítulo específico para reformar la Ley 26.831, que regula el mercado de capitales. La iniciativa apunta a desregular y simplificar el funcionamiento del mercado, ampliar los instrumentos disponibles y avanzar en su digitalización.
Uno de los principales cambios sería la ampliación de los instrumentos considerados valores negociables, con la incorporación de activos "tokenizados", representaciones digitales, contratos de inversión, activos virtuales y otros instrumentos financieros.
El proyecto también busca darle un marco legal a la tokenización de activos mediante tecnología blockchain y habilitar nuevos ámbitos de negociación, entre ellos plataformas digitales y proveedores de servicios de activos virtuales que puedan intervenir en operaciones con valores "tokenizados".
La intención del Gobierno es incorporar nuevas tecnologías al mercado y, al mismo tiempo, aumentar la competencia entre los mercados, cámaras y nuevos agentes que participen en el registro, negociación, compensación y custodia de activos financieros.
La reforma también modificaría el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El organismo mantendría sus funciones de supervisión, regulación y protección de los inversores, pero el proyecto plantea ampliar los mecanismos de autorización automática y establecer excepciones de acuerdo con el tipo de emisor, instrumento o inversor. A su vez, fija como objetivos promover la participación de empresas e inversores, canalizar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y facilitar especialmente el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado. También se prevén cambios sobre las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros, los warrants y las garantías, mientras que los activos virtuales quedarían bajo la órbita de la CNV cuando sean utilizados como valores negociables y del Banco Central cuando funcionen como medios de pago.
El proyecto de mercado de capitales es, a su vez, uno de los capítulos de un plan más ambicioso, con reformas en el mercado inmobiliario, las farmacias, el transporte marítimo y el cabotaje.
Mientras el proyecto de ley continúa en elaboración, el Gobierno ya avanzó sobre el mercado de capitales mediante decisiones de la CNV. En junio, el organismo aprobó las resoluciones generales 1145 a 1150, que ampliaron el régimen de autorización automática para la emisión de instrumentos financieros y eliminaron la autorización previa de la CNV para la gran mayoría de las emisiones de deuda, acciones y fondos.
La medida busca reducir los tiempos y costos regulatorios y facilitar que las empresas —especialmente las PyMEs— puedan acceder al financiamiento a través del mercado de capitales.
Sturzenegger presentó esa reforma como un cambio de paradigma. Según explicó, el nuevo esquema permitirá “crear un universo nuevo” y abrirá “un abanico de oportunidades ilimitadas” tanto para la gestión de riesgos de las empresas como para las alternativas de ahorro de los argentinos. De esta manera, las modificaciones de la CNV funcionan como un primer paso regulatorio de una transformación más amplia que el Gobierno busca consolidar ahora mediante una reforma legal del mercado de capitales incluida en el megaproyecto de desregulación.